PUNTO DE VISTA
RICARDO ARREDONDO - Doctor en Derecho / prof. de der. Internacional Público
Cataluña no dispone de un derecho de secesión reconocido
Para hoy está prevista la celebración de un referendo de independencia en Cataluña. Para cuando el lector tenga este artículo en sus manos, ya tendremos noticias de si la votación ha tenido lugar o si, por el contrario, las autoridades del Gobierno central en Madrid habrán logrado impedir la realización de la consulta popular.
Los catalanes afirman que su lengua, su historia y su cultura les dan derecho a la nacionalidad o, como mínimo, a la oportunidad de decidir por sí mismos si se separan de España.
El Gobierno central de Madrid, con el apoyo de los Tribunales españoles, sostiene que la votación es inconstitucional y debe ser suspendida. De hecho, la administración de Rajoy está haciendo todo lo posible para evitar que el referendo se lleve a cabo: confiscar las boletas de la consulta, cortar internet, prohibir la celebración de actividades en los lugares de votación, y amenazar a los funcionarios catalanes con detención y enjuiciamiento. Asimismo, ha enviado a Cataluña a miles de policías de otras partes de España para hacer cumplir estas medidas.
La situación se torna cada vez más volátil a medida que se acerca el inicio programado de la votación.
El derecho internacional vigente sostiene que el derecho de autodeterminación de los pueblos sólo está contemplado en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras. Esta posición ha sido reiterada tanto por la mayoría de los tratadistas como por la jurisprudencia internacional. De hecho, es la posición sostenida por la Argentina para afirmar sus derechos sobre las Malvinas. Así lo estableció, la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 1.514 (XV) de 1960, entre otras.
La resolución 2.625 precisa que el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra, conservando dicha condición hasta que el pueblo colonial haya ejercido su derecho de libre determinación.
Ni los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, ni ningún otro tratado sobre derechos humanos, ni la jurisprudencia internacional consagran un derecho de los entes subnacionales a procurar su independencia y la separación del Estado.
El principio de libre determinación sería mal aplicado en situaciones en que parte del territorio de un Estado independiente ha sido separado contra la voluntad de sus habitantes -en virtud de un acto de fuerza por un tercer Estado, como en el caso de las Malvinas- sin que exista ningún acuerdo internacional posterior que convalide esta situación de hecho y, cuando, por el contrario, el Estado agraviado ha protestado permanentemente por esta situación. Estas consideraciones se ven agravadas muy en especial cuando la población originaria ha sido desalojada por este acto de fuerza y grupos fluctuantes de nacionales de la potencia ocupante la han reemplazado.
Las normas del derecho internacional no prohíben que los Estados, considerando el principio de autoorganización, establezcan en sus propios ordenamientos jurídicos internos casos y procedimientos de separación de sus entes subnacionales. Sin embargo, la inmensa mayoría de las legislaciones proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional.
En síntesis, según mi opinión, Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de secesión del Estado reconocido por el derecho internacional. El derecho de autodeterminación de los pueblos no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referendo plasmado en la Ley 19/2017 del Parlament catalán, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional español. El derecho internacional no avala bajo la invocación de este principio un derecho de secesión y, en este sentido, los Estados se han cuidado en el plano internacional de poner límites a dicho principio a través de cláusulas de salvaguardia, como la que en la Resolución 1.514 declara contrario a la Carta de las Naciones Unidas todo intento dirigido a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado. El derecho de los pueblos dentro del Estado se traduce en un derecho de participación democrática en los asuntos públicos sin exclusiones ni distinciones basadas en el origen étnico o las creencias u opiniones.
¿QUÉ ES LA “ESTELADA”?
UNA BANDERA CON RAÍCES EN CUBA Y PUERTO RICO
Los partidarios de la independencia de Cataluña tienen como símbolo principal la “estelada”, una bandera que hunde sus raíces en las de Cuba y Puerto Rico.
La bandera no oficial, identificada con el reclamo de independencia, combina la oficial de Cataluña (la “senyera”: cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo) y un triángulo azul con una estrella blanca, de donde viene su nombre (”estel” es estrella en catalán).
Según los historiadores, su creador fue Albert Ballester (1872-1938), un nacionalista catalán que tomó la idea de añadir el triángulo estrellado a la bandera catalana inspirándose en el que decora a las banderas de Cuba y Puerto Rico porque en esos países perdió el dominio el Imperio español.
¿QUÉ PASARÁ CON LA LIGA?
EL BARCELONA NO PODRÍA PARTICIPAR
La ley española del Deporte establece que sólo los equipos españoles podrán disputar La Liga, una competición gestionada por un organismo independiente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Si se produce la independencia de Cataluña, la Ley del Deporte es muy clara y sólo permite jugar en La Liga a equipos españoles”, recordó Javier Tebas, presidente de La Liga. El Barcelona fue uno de los primeros clubes en manifestar su compromiso con la libertad de decidir. Pero bajo anteriores presidencias, había manifestado su voluntad de seguir disputando la Liga.“ Al Barça le gustaría seguir en la Liga, que es desde donde nos hemos proyectado al mundo. Es difícil pensar en la Liga sin los Barça-Madrid”, expuso Josep Maria Bartomeu, presidente azulgrana.
¿HAY RESPALDO TECNOLÓGICO?
BLOQUEARON EL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES
La Guardia Civil española intervino ayer el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de Información (CTTI) con el objetivo de que sus servicios informáticos no sean utilizados para dar soporte al referéndum.
El Gobierno español señaló que de esta forma los independentistas ya no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para la votación.
Según el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en Cataluña se libra “la primera guerra mundial en Internet”, porque ambas partes están usando todos los recursos de la red para organizar o impedir la celebración del referéndum de independencia.
¿HAY UN MÍNIMO NECESARIO?
NO SE ESTABLECIÓ UN PISO DE PARTICIPACIÓN
Ayer la incógnita giraba en torno a si los catalanes podrán votar o no y, en caso de que lo hicieran, si habrá garantías de legitimidad. La ley del referéndum que ellos mismos aprobaron en el parlamento regional, y que el Tribunal Constitucional español anuló, no establece un mínimo de participación popular, con lo que si se produce la votación y en el recuento hay más boletas a favor del “Sí” que del “No”, se aplicarán los resultados.
Dado el “asedio del Estado”, “un millón de votos en el referéndum sería un éxito desbordante”, sostuvo Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
¿CUÁL ES EL CLIMA?
TEMEN QUE SE DESATE LA VIOLENCIA
Las organizaciones independentista insisten en plantear un escenario en el que se podrá votar, que se hará de “forma pacífica y tranquila” y que cada voto “será un ejercicio de responsabilidad frente a la intolerancia del Estado”. El mayor temor es que se produzca algún tipo de violencia, ya que el fuerte del movimiento independentista catalán es su carácter pacífico. Una represión violenta cambiaría radicalmente la situación.
“Si la violencia (del Estado español) aplasta el movimiento y la ‘dictadura’ impide que se vote en la mayoría de los lugares, entonces declaramos la República independiente, y luego convocaremos un referéndum”, advirtió el diputado de la CUP (Candidatura de Unidad Popular ), Carles Riera.
¿DÓNDE VAN A VOTAR?
OCUPARON COLEGIOS PARA COLOCAR LAS URNAS
El gobierno regional catalán, en manos Carles Puigdemont, pretende abrir 2.315 centros electorales en distintos puntos de Cataluña con 6.249 mesas con urnas. Desde el viernes por la tarde, como parte de una iniciativa bautizada “Escuelas Abiertas”, decenas de padres “ocuparon” los colegios de sus hijos, donde realizan juegos con la intención de mantenerlos abiertos y así defender esos lugares como espacio de votación. Sin embargo, los datos oficiales señalan que sólo están ocupados 163 de los 1.300 colegios electorales que fueron precintados por la policía catalana: el 12% del total.
¿QUIÉNES VOTAN?
MÁS DE 5,3 MILLONES DE CATALANES
Los independentistas dicen actuar amparados en su “derecho a la autodeterminación”, reconocido por las leyes internacionales, mientras que el Gobierno central de Madrid argumenta que su obligación es evitar que los catalanes voten para defender el marco Constitucional y de convivencia, que impide romper con la unidad del país.
El gobierno regional de Cataluña insiste en que los catalanes podrán votar, pese a que la Justicia española lo prohibió, incluso si la Policía “cierra colegios electorales o los asalta”, según el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Más de 5,3 millones de catalanes están llamados a votar.